La Policía Nacional, con apoyo de Europol, ha desmantelado una red criminal que operaba entre Marruecos y España, dedicada al tráfico de drogas e inmigrantes. Utilizaban barcas rápidas para transportar estupefacientes e inmigrantes, obligando incluso a menores de edad a pilotar las embarcaciones en travesías peligrosas.

Esta organización, con base en Algeciras y Ceuta, actuaba en el Estrecho de Gibraltar. En la operación, los agentes han incautado 22 kilos de hachís y 10.800 píldoras de clonazepam, un fármaco usado para fabricar la conocida como «droga de los pobres», según ha informado la Policía Nacional.

La banda empleaba un sistema de carga «mixta», según los investigadores, transportando en las mismas embarcaciones tanto droga como inmigrantes desde Marruecos hasta la Península. Este método les permitía maximizar beneficios al combinar ambos tráficos ilícitos en un solo viaje.

Utilizaban barcos de fibra para sus operaciones y, en muchos casos, encomendaban la conducción a menores de edad. A los inmigrantes les cobraban hasta 14.600 euros por trayecto, incluyendo un «pack completo», según los agentes, que abarcaba todos los servicios del viaje.

Dicho «pack» incluía desplazamientos, estancias en Marruecos y traslados al llegar a España o al país europeo acordado con la red. Esta oferta era una trampa para muchos inmigrantes, que quedaban atrapados en una red de explotación y deudas con la organización.

La Policía estima que esta red introdujo en España a unos 200 inmigrantes desde Marruecos. Solo con el tráfico de inmigrantes, habrían generado ingresos de hasta 2,5 millones de euros, evidenciando la magnitud económica de sus actividades delictivas.

Desde Marruecos, la red operaba inicialmente en Castillejos, donde alojaban a los inmigrantes antes de organizar su cruce. Usaban embarcaciones precarias o incluso obligaban a nadar en condiciones peligrosas, ayudados por «scooters» subacuáticos para evitar controles.

Tras cruzar la frontera marítima, los inmigrantes eran trasladados en vehículos a «pisos de seguridad» en Ceuta, donde los retenían hasta saldar el pago total, que podía llegar a 14.600 euros, según el destino final, bajo condiciones de extrema precariedad.

En estos pisos, según la Policía, vivían «en condiciones precarias, con poco acceso a comida y bajo amenazas constantes». Solo eran liberados cuando el clima permitía cruzar a Algeciras, aprovechando para transportar también drogas en el mismo viaje.

Las travesías eran extremadamente peligrosas, con embarcaciones de fibra pilotadas por inexpertos, incluidos menores entrenados por la red. Sin chalecos salvavidas ni medidas de seguridad, operaban en condiciones climáticas adversas, aumentando el riesgo.

Además, las embarcaciones solían superar su capacidad de carga con inmigrantes y droga, lo que incrementaba aún más el peligro de naufragio. Esta práctica reflejaba el desprecio de la red por la vida de los inmigrantes que transportaban.

Las investigaciones han confirmado que la banda fletaba embarcaciones con «cargas mixtas», llevando inmigrantes y drogas, principalmente hachís, de forma simultánea. Este método les permitía diversificar y aumentar sus ganancias de manera significativa.

En la fase final de la operación, más de cien agentes participaron en inspecciones y seis registros en Algeciras, Ceuta e Ibiza. En el barrio del Príncipe, en Ceuta, se incautaron 7 kilos de hachís y 10.800 comprimidos de clonazepam durante uno de los registros.

El total de lo intervenido incluye 22 kilos de hachís, 10.800 píldoras de clonazepam, 47.000 euros en efectivo, dos embarcaciones, cinco vehículos, joyas, garrafas de gasolina y varias armas blancas, evidenciando la envergadura de la red criminal.

La Policía ha revelado que la organización tenía una estructura jerárquica de tres niveles. En la cima, dos líderes controlaban las operaciones desde Ibiza y Ceuta. Ambos han sido detenidos y se encuentran en prisión provisional por su implicación.

Estos cabecillas coordinaban rutas, establecían contactos en ambas fronteras y gestionaban los pagos exigidos a los inmigrantes. Su rol era clave para mantener el funcionamiento de la red y garantizar los beneficios económicos de la misma.

En el segundo nivel, estaban los responsables de los cruces marítimos, incluyendo menores adiestrados como pilotos y guías que usaban «scooters» subacuáticos para ayudar a los inmigrantes a evadir controles fronterizos durante las travesías.

Por último, en el tercer nivel, operaban los apoyos logísticos en tierra, encargados de trasladar a los inmigrantes a pisos de seguridad, vigilarlos, custodiar drogas y cobrar los pagos, completando así la estructura criminal de la red.