El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes a un proyecto para acondicionar espacios en el antiguo Hospital Naval de Cartagena, donde ya se alojan temporalmente cerca de un millar de inmigrantes. Esta decisión genera controversia, ya que contraviene el acuerdo con el Ayuntamiento de desmantelar el centro en julio de 2024.
El proyecto, con un coste de 463.649,91 euros para las arcas públicas, se ejecuta sin licencia municipal, según fuentes del consistorio. El Ministerio de Migraciones, liderado por Elma Saiz, justifica la obra por «urgencia e interés público», eludiendo permisos y limitando las competencias urbanísticas locales.
Esto ha derivado en dos expedientes sancionadores del Ayuntamiento contra el Ministerio. La tensión se agrava porque el cierre prometido para julio de 2024 no se ha cumplido debido al colapso migratorio en el país, prolongando un conflicto que enfrenta a ambas administraciones desde hace tiempo.
La desconfianza entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Cartagena data de más de un año. Migraciones abrió el centro como medida temporal, pero intentó comprar el terreno a Defensa por 25 millones de euros, operación frustrada tras detectarse obras no autorizadas en el lugar.
Una reunión entre la alcaldesa y Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, culminó con el compromiso de cerrar el centro en junio de 2024 y descartar la compra del terreno. Sin embargo, las nuevas obras hacen dudar al consistorio sobre el cumplimiento de lo acordado.
Cancela aseguró que, tras el cierre, los inmigrantes serían reubicados en 14 CETIs construidos con Fondos Europeos fuera de Murcia. El Ayuntamiento critica que se prolongue una instalación provisional y el pleno municipal exigió su cierre en junio, con apoyo de PP y VOX.
El Ministerio insiste en que el centro es temporal, pero el Ayuntamiento sospecha de una consolidación encubierta. Fuentes municipales denuncian prórrogas, reformas y trámites de compra del inmueble, rechazando que Cartagena asuma un centro de acogida permanente.
Otro indicio de permanencia es la adjudicación en marzo, publicada en el BOE, del puesto de director del centro, pese a que solo quedaban cuatro meses de actividad. La aprobación de obras, a días del cierre previsto, agrava la situación migratoria en la ciudad.
