El nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno de España el pasado 19 de noviembre, entra en vigor este martes 20 de mayo. Este marco normativo persigue dotar de mayor flexibilidad al sistema migratorio, con una estimación oficial de regularizar a unos 300.000 inmigrantes cada año. Sin embargo, diversas organizaciones han expresado su preocupación, alertando de que la norma deja en una situación de incertidumbre a los solicitantes de asilo cuya petición sea denegada.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que el reglamento tiene como finalidad «simplificar y agilizar los procedimientos». Se busca evitar la presentación excesiva de documentos o su entrega por canales inadecuados, así como la doble verificación de requisitos. Además, se pretende reducir los prolongados tiempos de espera que afectan a ciertas vías de migración regular, mejorando la eficiencia del sistema.
Otro de los objetivos de esta normativa es ofrecer mayor precisión jurídica sobre las figuras y situaciones amparadas por los permisos migratorios. Asimismo, se reconocen de forma explícita los derechos de los inmigrantes trabajadores y se establece claridad en los supuestos y condiciones bajo los cuales se puede modificar el estatus migratorio de una persona y de sus familiares, garantizando un marco legal más definido.
El reglamento introduce cinco modalidades de arraigo: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad. Una novedad relevante es la reducción del tiempo de permanencia requerido en España, que pasa de tres a dos años. También se flexibilizan los requisitos y se permite trabajar tanto por cuenta ajena como propia desde el inicio, ampliando las oportunidades laborales.
Entre las innovaciones, se incluye una autorización específica de residencia y trabajo destinada a facilitar la contratación, tanto de manera individual como colectiva. Esta medida busca responder a las necesidades del mercado laboral y agilizar la integración de los inmigrantes en el ámbito profesional, promoviendo su inserción en la sociedad española.
A pesar de estas flexibilizaciones, organizaciones como Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes han mostrado su inquietud. En enero, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la norma, argumentando que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan legalmente en España, a la espera de una resolución, no se contabiliza para solicitar residencia si su petición de protección internacional es rechazada.
