En un juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, el único acusado por una trama de abusos sexuales a menores en una iglesia evangélica de La Huerta (l’Horta) ha visto reducida su condena de forma significativa. Diego Roberto M. M., de 32 años y origen paraguayo, enfrentaba inicialmente 40 años de cárcel, pero tras un acuerdo de conformidad, solo cumplirá seis años de prisión.

La pena total impuesta asciende a trece años: dos años por cada uno de los seis delitos continuados de abuso sexual a niños y niñas de entre cinco y diez años, y tres meses por cada delito de exhibicionismo y difusión de pornografía a menores. Sin embargo, aplicando la regla del triple de la mayor pena, el tribunal ha establecido que solo cumplirá seis años de cárcel efectiva.

El condenado logró esta notable rebaja al reconocer los hechos y realizar antes del juicio dos pagos de 40.000 euros cada uno como indemnización a las víctimas. La Sala ha considerado esta acción como una atenuante muy cualificada de reparación del daño. Además, su defensa, liderada por el abogado Andrés Zapata, intentará suspender la ejecución de las penas por no superar los dos años por delito.

Respecto a las prácticas en esta iglesia evangélica de un municipio de La Huerta, cuya ubicación no se revela para proteger a las víctimas, no habrá responsabilidades judiciales por actos como la imposición de manos en supuestos exorcismos realizados por la madre del condenado, conocida como la profeta. Contra ella no se formularon cargos, al no demostrarse que conociera los abusos de su hijo.

La profeta, que asistió al juicio como testigo, no quiso declarar tras la confesión de su hijo. Los familiares de las víctimas, aunque aliviados por evitar el trance de un juicio público, sienten que la pena es insuficiente y temen que el pederasta salga pronto. Habían planeado exponer la influencia de la madre y sus «extrañas prácticas» en la comunidad religiosa.

Además de la cárcel, el condenado tiene prohibido acercarse a menos de 400 metros o comunicarse con las víctimas durante diez años por cada delito de abuso sexual, y doce años en casos de exhibicionismo. También enfrentará diez años de libertad vigilada tras su condena y una inhabilitación de 60 años para trabajar con menores, dado su rol como director del coro.

Los abusos, ocurridos entre 2009 y 2014, afectaron a seis menores de entre cinco y diez años en dos domicilios de La Huerta. Una séptima víctima denunció hechos similares en Paraguay, pero la Justicia española no tiene competencia para juzgarlos. El acusado aprovechó la influencia de su familia en la iglesia para cometer los delitos.

Los hechos salieron a la luz en junio de 2023, tras la denuncia de una víctima ya mayor de edad y el padre de su hermana, abusada a los siete años. Ambas sufren trastorno de adaptación con ansiedad y depresión, según informes forenses. El condenado comenzó a abusar de una víctima a los 16 años, cuando ella tenía solo cinco.

Otro padre denunció abusos a su hija de siete a nueve años, entre 2015 y 2017, con una veintena de tocamientos en zonas genitales en un domicilio de La Huerta. En un episodio, el acusado intentó penetrarla mientras dormía, pero no lo consiguió al despertarse la menor. Estos actos dejaron secuelas profundas en la víctima.

Finalmente, también se le condena por abusos continuados a dos hermanos de ocho y diez años en otro domicilio. Les mostraba pornografía, los obligaba a desnudarse y los retaba a juegos sexuales. Estas acciones, prolongadas en el tiempo, reflejan un patrón de conducta depredadora que ha marcado a las víctimas.