El Gobierno de Sánchez ha presentado al Gobierno canario de Fernando Clavijo un plan de urgencia para trasladar a la Península, en un plazo máximo de 15 días, a más de 1.000 MENAS solicitantes de asilo. Este grupo está bajo la tutela ordenada por el Tribunal Supremo hace tres meses, según el borrador del acuerdo entre ambas administraciones.

Tras incumplir la orden del Alto Tribunal del 25 de marzo, que otorgó 10 días para asumir «sus competencias», Moncloa busca un pacto definitivo este martes con el Gobierno de Fernando Clavijo. El Ejecutivo central no cumplió y argumentó «falta de medios suficientes» para actuar en el plazo establecido.

Con un nuevo plazo «improrrogable» de un mes impuesto por la Justicia, el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a cerrar un acuerdo antes del 5 de julio, con el aval del Supremo. Mientras, los menores permanecen «hacinados» en centros de acogida en las islas, en condiciones precarias.

El pacto intenta cumplir los autos del Tribunal Supremo del 25 de marzo y del 4 de junio de 2025, que exigían al Estado asumir de inmediato la tutela de estos menores. El Ejecutivo canario denuncia que, desde hace tres años, «el Gobierno se desentendió de ellos» en esta crisis migratoria.

El borrador, que será revisado este martes por los servicios jurídicos de ambas partes, prevé crear un comité conjunto de inmediato. Este órgano, con ocho miembros —cuatro del Estado y cuatro de Canarias—, empezará a trabajar ese mismo día si se alcanza un acuerdo final entre las administraciones.

La función del comité será asignar a cada menor un recurso del sistema estatal de acogida (SAPI) para aliviar el hacinamiento. Una vez identificado el recurso específico, el traslado se ejecutará en un plazo máximo de 15 días, priorizando a entre 1.008 y 1.200 menores solicitantes de asilo.

Estos menores, «salvo excepción», serán reubicados en otras Comunidades Autónomas de la Península. Este proceso se suma a los 4.400 menores afectados por el «decretazo» de marzo, que también busca redistribuir la carga migratoria fuera de Canarias y Ceuta.

Tras sentirse «abandonado» por el Gobierno de Sánchez, Canarias denunció en septiembre de 2024 ante el Supremo la situación de los menores. Señaló el «hacinamiento» de más de 6.000 menores extranjeros no acompañados y acusó al Estado de eludir su responsabilidad legal.

En marzo, el Supremo dio la razón a Canarias mediante un auto firme, obligando al Estado a asumir «de inmediato» a más de 1.000 menores con protección internacional solicitada. Advirtió que no cumplir implicaría una «vulneración grave de sus obligaciones competenciales».

El plazo venció sin acción del Gobierno, que alegó «falta de recursos», argumento también usado por otras CCAA para rechazar el reparto «impuesto» por el decreto acordado con Junts. Meses después, el Estado reacciona bajo presión de posibles multas del Supremo.

Un nuevo auto del 4 de junio reiteró el incumplimiento del Estado. Ahora, el acuerdo que se firmará este martes estipula que, tras el acceso al SAPI, el Estado asumirá la acogida y protección de los menores con documentación mínima y resolución en cinco días.

Durante ese periodo, un comité técnico decidirá si los menores permanecen en Canarias «como medida excepcional» con apoyo estatal o si se reubican en la Península. La primera reunión del comité está prevista para este martes a las 13:00, hora peninsular.

Las reuniones del comité serán semanales, todos los martes, hasta completar las asignaciones. Por desconfianza, el Gobierno de Clavijo ha exigido que las sesiones se graben y las actas se remitan al Supremo, garantizando transparencia en el proceso.

Las decisiones se tomarán caso por caso, priorizando el «interés superior del menor» y su bienestar. El objetivo político es cumplir con las órdenes judiciales y aliviar la presión sobre Canarias antes de un posible repunte migratorio en verano.

Sin embargo, Moncloa desea que los traslados no se realicen hasta activar el decreto pactado con Junts, lo que podría generar tensiones en la reunión de este martes. El decreto está bloqueado por recursos en el Constitucional y falta de consenso con las CCAA.

El decreto prevé imponer a las regiones peninsulares la acogida de hasta 4.400 menores de Canarias y Ceuta. Esto ha generado rechazo, especialmente del PP, que lo considera un «decretazo» pactado con Junts que beneficia solo a Cataluña.

En paralelo, PSOE y Junts impulsan una ley en el Congreso para transferir a la Generalitat competencias de inmigración y fronteras. Esto ha intensificado la crisis política, con varias CCAA acusando al Gobierno de «ceder al independentismo» en detrimento del sistema de acogida.

La situación en Canarias es alarmante. En mayo, durante una vista en el Supremo, el Gobierno admitió que el trato a muchos menores no cumple los estándares internacionales. Las condiciones de «hacinamiento» han sido calificadas de «indecentes» por las autoridades locales.

Más de 6.100 menores no acompañados están bajo tutela de Canarias en instalaciones saturadas. El acuerdo con el Estado no resuelve todo, pero permite comenzar a descongestionar los centros más afectados, dando un primer paso ante esta crisis humanitaria.