En la localidad de Ter Apel, cercana a la frontera con Alemania, grupos de ciudadanos holandeses han iniciado controles fronterizos para inspeccionar vehículos en busca de inmigrantes. Esta acción, que comenzó en la noche del viernes, ha desatado una fuerte controversia en el país.
El Ayuntamiento de Westerwolde, donde se encuentra Ter Apel, ha condenado esta iniciativa, calificándola de ilegal y advirtiendo sobre los riesgos que implica. Las autoridades locales han expresado su preocupación por la seguridad y el orden público en la zona afectada.
Durante los controles, los participantes detuvieron incluso un furgón policial alemán, al que obligaron a regresar a su territorio. Según informó la televisión pública holandesa NOS, este incidente ha incrementado la tensión en la frontera entre ambos países.
La Policía holandesa acudió al lugar con dos vehículos, pero no encontró irregularidades. Un portavoz policial, citado por NOS, afirmó: «Había personas en un aparcamiento y eso está permitido». Por ello, no se tomaron medidas contra los involucrados.
Los ciudadanos llegaron en diez coches, equipados con chalecos reflectantes y bastones luminosos para gestionar el tráfico. La cadena RTV Noord señaló que esta acción es una protesta contra la política de asilo de los Países Bajos, considerada insuficiente.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, David van Weel, ha instado a detener estas prácticas. «Entiendo la frustración, pero pido a este grupo que cese. Dejen que la policía haga su trabajo», señaló en un intento de calmar la situación.
Por su parte, Geert Wilders, líder del PVV, celebró la iniciativa en X como «fantástica». Propuso extenderla a todas las fronteras y advirtió: «Si el ejército no actúa, lo haremos nosotros», generando más polémica.
Wilders, quien planea participar en estas acciones, ha agravado la crisis política al retirar a su partido de la coalición de gobierno. Su decisión responde a su rechazo a la política migratoria, que tacha de excesivamente permisiva.
