Una abogada de oficio envió un informe el pasado 25 de abril al Ministerio Fiscal en el que denunciaba un presunto caso de desprotección infantil en el centro de menores inmigrantes no acompañados (MENAs) de Playa Honda, ubicado en la calle Volcán de Timanfaya, en San Bartolomé. Este centro, que será desmantelado esta semana, ha sido objeto de una orden de cierre por parte del Gobierno canario.
Dos días antes de la remisión del informe, la Dirección General de Infancia del Ejecutivo regional había decretado el cierre del recurso temporal, citando «malas condiciones» y «una gestión inadecuada». Sin embargo, según fuentes del organismo, el centro sigue operativo y el traslado de los menores se está realizando de manera individual. Se espera que para el martes todos los menores hayan sido reubicados.
El documento enviado a la Fiscalía, al que tuvo acceso La Voz de Lanzarote, señala que el centro «infringe abiertamente las obligaciones de la acogida de los menores inmigrantes». Esta afirmación se basa en el testimonio de un menor que denunció la situación en la comisaría de la Guardia Civil. Además, el informe expone que el centro no cumple con «las condiciones de un entorno seguro» e «incumple reiteradamente la obligación de prestar una atención integral», tanto educativa como sanitaria.
En los vídeos a los que tuvo acceso esta redacción, se observa el baño del centro sin agua en la ducha ni en el lavabo. Asimismo, se evidencia el hacinamiento, con hasta nueve menores por habitación, y un déficit en los recursos, con puertas estropeadas o rotas.
En el citado documento, la abogada de oficio menciona que el director del centro es el mismo que dirigió la Casa del Mar de Arrecife. Este último espacio, según recuerda la propia abogada, fue cerrado por «adolecer de los mismos problemas que ahora se denuncian en Playa Honda». En este contexto, denuncia que «se premia la pésima gestión de un centro denunciado por insalubridad y obligado a cerrar por sus múltiples irregularidades, concediéndose de nuevo la dirección de otro centro».
El testimonio del menor que acudió a la Benemérita expone la existencia de adicciones entre los usuarios que «no están siendo tomadas en cuenta ni mucho menos tratadas como deberían». A esto se suma la posible existencia de «cuadros de depresiones agudas, diabetes y episodios de autolesión sin que se haya tomado medida alguna al respecto».
Por otro lado, los menores denuncian la falta de formación y acceso a actividades formativas, de ocio, deportivas o culturales.
En el documento, la abogada instó a la Fiscalía a «adoptar las medidas oportunas» debido a la «gravedad» de los hechos recogidos en el atestado de la Guardia Civil y recordó que esta situación «infringe frontalmente» el principio de interés superior del menor.
