El Gobierno regional de Madrid ha manifestado su sorpresa al conocer, a través de los medios de comunicación, la llegada de 400 menores inmigrantes no acompañados al centro CREADE en Pozuelo, gestionado por el Gobierno central. Este espacio, originalmente destinado a refugiados ucranianos, no había sido comunicado como destino para esta nueva acogida.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha denunciado lo que considera un nuevo caso de «falta de lealtad institucional», al no haber sido informados de la transferencia desde Canarias de estos 400 menores. «Luego les atendemos nosotros», ha lamentado, añadiendo que «son otros 400 menores, porque a Madrid no dejan de llegar», y calificando la situación de «caos absoluto» en la gestión migratoria.
Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha tildado de «temeraria» la decisión del Gobierno de España. Ha enviado cartas al Ministerio de Infancia y al Delegado del Gobierno exigiendo confirmación oficial de la noticia, que también conoció por la prensa, así como explicaciones urgentes y los «criterios objetivos» detrás de esta medida.
Tejero ha calificado de «positiva» una reunión reciente, con «el visto bueno de ambos gobiernos», y ha señalado que se analizará «expediente por expediente». Sin embargo, insiste en la falta de comunicación oficial, lo que refleja, según ella, un «desprecio» hacia la autonomía municipal y la necesaria cooperación institucional.
El centro CREADE, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue creado como recurso temporal de emergencia para refugiados ucranianos en situación crítica. Desde el Ayuntamiento de Pozuelo recalcan que «no se diseñó como infraestructura de acogida estable ni, mucho menos, permanente».
La alcaldesa ha cuestionado la idoneidad del centro para albergar a 400 menores con necesidades específicas de protección, atención psicológica, escolarización e integración. «No sabemos si cumple las condiciones mínimas», ha advertido, exigiendo al Gobierno central aclaraciones sobre los fundamentos de esta decisión de concentración.
Finalmente, Tejero ha defendido una «solidaridad real, justa y sostenible». Ha criticado que la gestión de menores inmigrantes no puede basarse en improvisaciones destinadas a «maquillar la saturación del sistema en Canarias», y ha instado a diseñar una estrategia nacional seria para abordar esta problemática.
