La Audiencia Provincial de Almería ha dictado sentencia contra ocho individuos por formar parte de una red dedicada al tráfico de inmigrantes en situación irregular, principalmente de origen sirio y del norte de África, entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Su objetivo era introducirlos en Europa.

El fallo, consultado por Europa Press, impone penas de hasta seis años y tres meses de prisión al principal organizador de la red criminal. Otros dos acusados han sido condenados a seis años de cárcel por delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

Tres de los encausados llegaron a acuerdos con el Ministerio Fiscal, obteniendo penas reducidas de entre tres años y seis meses. Otros dos, defendidos por Piedad Moreno Martínez y Antonio Camino Marinetto, recibieron condenas mínimas de diez meses frente a los siete años solicitados.

La organización gestionaba la entrada clandestina de inmigrantes por el litoral de Almería, coordinándose con contactos en Argelia para planificar salidas de pateras. Tras su llegada, les proporcionaban alojamiento temporal en Almería o Cuenca antes de trasladarlos a Europa.

Los inmigrantes eran recogidos en zonas como San Isidro o San José, en Níjar (Almería), y llevados a puntos acordados o alojamientos provisionales. Desde allí, se facilitaba su traslado a otras ciudades europeas, principalmente desde Cuenca como punto de tránsito.

Antes de las travesías, se pactaban las condiciones y precios del viaje, que alcanzaban hasta 950 euros por persona. Los pagos se realizaban mediante transferencias o remesadoras, asegurando el cobro antes de iniciar los desplazamientos desde el norte de África.

El líder de la trama, identificado como E.M.E.F., coordinaba con colaboradores argelinos y daba instrucciones sobre puntos de reunión, transporte y compra de vuelos. También alojaba y trasladaba personalmente a algunos inmigrantes hacia sus destinos finales.

A través de su pareja, se proporcionaba comida, alojamiento y billetes de avión a los inmigrantes, quienes eran llevados a Cuenca para hospedarse en viviendas u hoteles tras llegar a Almería. Desde allí, se organizaban sus traslados a otros países europeos.

La pareja del líder usó su tarjeta para comprar vuelos en una agencia de Cuenca, principalmente para sirios con destino a Alemania. Otros miembros adquirieron billetes hacia Oslo (Noruega) y Luxemburgo, facilitando la salida de los inmigrantes de España.

Los alojamientos en Cuenca servían como base para trasladar a los inmigrantes por carretera o tren a destinos como Burdeos (Francia), Barcelona o Zaragoza. Este sistema permitía una red de tránsito hacia múltiples ciudades dentro y fuera de España.

Un segundo acusado, S.C., actuaba como enlace con organizaciones en Argelia para conocer llegadas de pateras. También realizaba labores de transporte y vigilancia en los puntos de desembarco en Almería, evitando la intervención de las autoridades policiales.

Otro de los principales implicados colaboraba con el organizador para asegurar los traslados en el litoral almeriense. Coordinaba acciones, reservaba vuelos para sirios en situación irregular y los acompañaba a hoteles, cubriendo sus necesidades básicas.

Un tercer acusado admitió su participación antes del juicio. Se encargaba de trasladar inmigrantes a Cuenca y ciudades europeas, además de alojarlos en su domicilio y realizar otras tareas de apoyo logístico para la red criminal.

En un nivel inferior, el resto de acusados colaboraron de forma ocasional, sin pleno conocimiento de la estructura. Prestaron garajes, alojamientos, vehículos o cuentas bancarias para transferencias, facilitando las operaciones de la organización.