Un tribunal de la Audiencia de Palma ha condenado a los propietarios de una vivienda en la ciudad a indemnizar con unos 16.000 euros a sus vecinos. El motivo es no haber evitado una plaga de chinches que se originó en su piso alquilado, convertido en un piso patera. Esta plaga causó graves daños económicos y morales a otros residentes del edificio, quienes sufrieron las consecuencias de las picaduras y los costes de erradicación.
El inmueble afectado se encuentra en una finca de Palma con varios pisos, habitados en su mayoría por personas mayores y enfermas. Los dueños alquilaron la vivienda a tres inmigrantes dedicados a la venta ambulante. Según ha informado Levante Emv, estos inquilinos acogieron a más compatriotas y recogieron colchones abandonados de la calle, infectados de chinches, que pronto se extendieron a otras viviendas del edificio.
Una vecina, cuya casa también se infestó, tuvo que contratar a una empresa especializada para erradicar los insectos. El tratamiento incluyó insecticidas, una limpieza exhaustiva de ropa y la eliminación de muebles donde se concentraban los nidos. El coste de esta intervención ascendió a casi 7.000 euros, un gasto que refleja la gravedad del problema y la necesidad de medidas drásticas.
Los propietarios fueron alertados de la situación, agravada por la suciedad acumulada en el piso alquilado. Alegaron no poder actuar porque los inquilinos les impedían entrar. Sin embargo, esto no resolvió el sufrimiento de los vecinos. Solo tras un desahucio por impago pudieron acceder al inmueble, hallándolo sucio y destrozado, lo que les obligó a realizar una costosa descontaminación.
El tribunal reprocha a los dueños su pasividad, indicando que pudieron haber informado a Sanidad para intervenir por tratarse de un problema de salud pública. No limitarse a solicitar el desahucio era crucial. Esta inacción permitió que la plaga se propagara por el edificio, causando molestias significativas a los residentes y agravando la situación en la comunidad.
Finalmente, los jueces subrayan que un propietario sigue siendo responsable del estado de su vivienda, incluso alquilada. Debe garantizar que los inquilinos no afecten la convivencia. Los condenados aseguraron no haber previsto que el piso se convirtiera en patera y que actuaron legalmente al descubrirlo, aunque esto no evitó los perjuicios a los vecinos.
