El Consell Consultiu ha respaldado una reclamación de la Fundación Amés, que solicita al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) una compensación de 143.643 euros. Esta cantidad se deriva de los perjuicios ocasionados por la revocación del concierto y el cierre ordenado del centro de menas Norai, situado en Son Roca, Palma de Mallorca, en noviembre de 2021, debido a problemas de seguridad y convivencia con los menores inmigrantes acogidos.

En su dictamen, el Consell Consultiu no evalúa las medidas específicas adoptadas ni la revocación unilateral del concierto, pero sí reconoce la responsabilidad patrimonial del IMAS. Según una auditoría, los daños ascienden a la cifra mencionada. El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala: «La Administración puede modificar las medidas de protección y las instrucciones de ejecución. Sin embargo, no puede ignorar los perjuicios causados por dichas decisiones».

Además, el informe critica que el IMAS no puede demandar al centro en un mes lo que no exigió durante la vigencia del concierto, ni lo que no supuso un obstáculo para la acreditación. También menciona la contratación de emergencia de seis plazas adicionales, que, según el texto, «no debían favorecer el buen funcionamiento del establecimiento» debido a sus características particulares.

El conflicto entre el IMAS y la Fundación Amés se originó por las dificultades de seguridad y convivencia con los menores acogidos, cuyo número aumentó tras oleadas de pateras llegadas a Baleares en el verano de 2021. Esto llevó a una ampliación de plazas en agosto, sumadas al concierto firmado en marzo de ese año, lo que agravó la situación en el centro Norai.

La fundación detalla en su reclamación que algunos menores mostraron conductas disruptivas, afectando a otros usuarios y a los educadores. Se reportaron ofensas, incumplimientos de normas y rechazo a las orientaciones profesionales, además de la falta de información veraz sobre sus circunstancias personales o familiares.

Ante esta situación, la fundación comunicó los problemas al IMAS, pero, según la entidad, la respuesta fue culpar al centro por la inseguridad generada. Incluso se llegó a exigir la instalación de barrotes como medida de contención, lo que incrementó las tensiones entre ambas partes en la gestión del centro.

El desenlace del conflicto fue la resolución del contrato en noviembre de 2021. El IMAS alegó que la fundación incumplió sus obligaciones en materia de seguridad, lo que derivó en el cierre del centro Norai y el traslado de los menas a otra ubicación, marcando el fin de la colaboración entre las partes.

Inicialmente, la indemnización reclamada por la Fundación Amés alcanzaba los 348.000 euros, incluyendo costes salariales, gastos en medidas de seguridad y facturas impagadas por el IMAS hasta marzo de 2022, fecha en que estaba previsto finalizar el contrato suscrito con la entidad.