El Departamento de Derechos Sociales de la Generalidad de Cataluña ha tomado medidas en el centro de menores inmigrantes tutelados del albergue Mas Silvestre, ubicado en Dosrius (Maresme), gestionado por la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). Esta actuación responde a las quejas de los vecinos, indignados por los recientes episodios violentos protagonizados por algunos residentes del centro.

Desde hace una semana, los habitantes de Dosrius han presentado numerosas instancias y recogido firmas para expresar su malestar ante los organismos competentes, manifestando estar «hartos de los últimos incidentes» causados por tres menores de origen magrebí. El pasado 30 de abril, estos jóvenes, alojados en Mas Silvestre, intentaron robar móviles a punta de navaja a tres niños de entre 11 y 13 años en un parque público, además de realizar tocamientos a una de las víctimas y mostrar una actitud intimidatoria.

El albergue Mas Silvestre, situado en la zona boscosa de Canyamars, funciona desde 2017 como Dispositivo de Atención Inmediata (DAI) para menores inmigrantes no tutelados, tras un acuerdo entre el entonces alcalde de ERC, Marc Bosc, y la DGAIA. Sin embargo, tanto autoridades políticas como policiales consideran que el centro representa «un constante quebradero de cabeza» debido a los problemas que genera en la localidad.

Aunque actualmente no se habla de una situación de tensión extrema en el albergue, desde el Departamento de Derechos Sociales han confirmado que los menores implicados en los incidentes han sido reubicados en otros centros de la DGAIA para un mayor control. Asimismo, se reducirá el número de plazas en Mas Silvestre y se incrementará el personal de monitores para mejorar la supervisión de los residentes.

Una madre de las víctimas del robo expresó su alivio tras la detención de los agresores, según declaraciones a La Vanguardia. Relató que, tras el incidente, otros adolescentes del pueblo intentaron «tomarse la justicia por su mano» y persiguieron a los responsables para «darles su merecido». La situación no escaló gracias a la rápida reacción de las víctimas, que «aprovecharon un momento de confusión para escapar» y refugiarse con familias presentes en el parque.

El incidente desató una ola de comentarios en redes sociales, con referencias como «otros casos delictivos generados por los mismos protagonistas». Esto ha incrementado la alarma social en Dosrius, donde los vecinos exigen soluciones inmediatas para garantizar la seguridad y evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Sílvia Garrido (PSC) ha manifestado que el centro «no es el lugar adecuado para estos jóvenes». A pesar de múltiples contactos con la DGAIA sin respuesta, reclama medidas al Departament de Drets Socials y subraya que «no es el entorno idóneo para la inserción de estos menores», lamentando la falta de apoyo municipal para gestionarlos.

Garrido también destacó la gravedad del ataque a «niños pequeños del pueblo», lo que ha generado gran inquietud. Exige a la Generalidad de Cataluña aclarar «las medidas que piensan tomar» y solicita mayor vigilancia, insistiendo en que «estos menores no deberían salir solos sin un monitor» o, de lo contrario, «que no les dejen salir» del centro.

El concejal de Seguridad, Lluís Farrerons (Junts), ha ido más allá al pedir el cierre del albergue, argumentando que «no es el lugar donde deben estar estos jóvenes». Señaló que los 50 menores tutelados alojados en Mas Silvestre son «una fuente constante de problemas» para la policía local, con incidentes como hurtos, actos incívicos y frecuentes fugas.

El inspector jefe de la ABP de Mataró, Josep Maria Cavallé, reconoció que las intervenciones policiales en el centro son habituales, obligando a ajustar protocolos de seguridad y a advertir a los responsables del albergue. Indicó que la problemática «es oscilante» y varía según la procedencia de los grupos alojados en la instalación.

Cavallé detalló un caso grave: «una agresión sexual a una monitora», en la que un mena con problemas psiquiátricos realizó tocamientos y profirió comentarios vejatorios de índole sexual. Sin embargo, los protocolos actuales limitan la actuación de los responsables médicos sobre estos menores, derivándolos solo a centros judiciales en casos extremos.

Fuentes de la Generalidad de Cataluña apuntaron que «la mayoría de jueces no contemplan esta opción, salvo en delitos graves», permitiendo que los menores permanezcan en el mismo centro con otros residentes. Esto agrava la situación, ya que no se garantiza una separación efectiva de los implicados en actos delictivos.

Otras fuentes familiarizadas con el sistema de acogida indicaron que muchos menores en Mas Silvestre son subsaharianos, aunque los más conflictivos suelen ser de origen magrebí, especialmente argelinos, quienes tienden a rechazar la autoridad, sobre todo de monitoras mujeres, debido a factores culturales.

Los afectados en Dosrius han criticado «la juventud de los monitores», considerando que esto dificulta la convivencia. Reclaman que, si el centro persiste en una ubicación aislada en la montaña, se cuente con «monitores más experimentados» y se mejore la vigilancia, incluso con empresas privadas, ante los bajos salarios del personal.

El caso de estos tres menas evidencia también los conflictos que pueden surgir en el entorno de algunos de estos centros. Se trata de problemas que llevan tiempo siendo denunciados, pero que hasta ahora se habían mantenido en silencio con el argumento de «evitar fomentar el racismo y el discurso de la ultraderecha».