En la mañana de este pasado viernes, los juzgados de Fuengirola fueron escenario de un despliegue policial sin precedentes. La Policía Nacional trasladó a un subsahariano de 24 años originario de Gambia, cuya peligrosidad había motivado un dispositivo de seguridad excepcional, para ponerlo a disposición judicial.
El individuo estaba siendo buscado por las autoridades suecas por tres delitos de asesinato. Uno de estos crímenes se consumó, mientras que los otros dos quedaron en grado de tentativa. Contra él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por Suecia.
Los hechos que motivaron su persecución ocurrieron en agosto de 2022 en Haninge, una localidad sueca al sur de Estocolmo con cerca de 100.000 habitantes. En ese lugar, el fugitivo habría disparado mortalmente a un hombre. En el mismo incidente, abrió fuego contra otros dos individuos, aunque las balas no los alcanzaron, lo que le atribuye dos tentativas de asesinato.
Tras dos años eludiendo a la justicia, fue una patrulla de la Policía Nacional la que, la semana pasada, logró localizarlo en el paseo marítimo de Fuengirola. Allí fue identificado y detenido, culminando así una búsqueda internacional.
El detenido fue llevado ante los juzgados de Fuengirola en la mañana del viernes 25 de abril. Ahora, el juzgado debe proceder con la orden de extradición que pesa sobre él, ya que en su país podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua, según fuentes consultadas.
Agrede a dos funcionarios en prisión
En un giro inesperado, el detenido protagonizó un incidente violento nada más ingresar en prisión. El sábado, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, el asesino, considerado de extrema peligrosidad, bloqueó la puerta del patio y agredió brutalmente a dos funcionarios que intentaban reducirlo y trasladarlo al módulo de Aislamiento.
El sindicato penitenciario Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) denunció la falta de medidas de seguridad en prisión, destacando que «una vez en prisión, todas las medidas de seguridad desaparecen». Los funcionarios, que no son cuerpo de seguridad, sino empleados públicos, se encontraron desprotegidos y sin información previa sobre la peligrosidad del interno.
La situación se agravó debido a la escasez de personal médico, lo que impidió el uso adecuado de sujeciones mecánicas. Finalmente, el preso fue recluido en una celda acristalada. Desde TAMPM lamentaron la disparidad en las medidas de seguridad, afirmando que «mientras un interno de alta peligrosidad es custodiado en la calle por decenas de policías armados, en prisión se eliminan todas las medidas de seguridad».
