El Senado francés, controlado por la derecha, ha dado luz verde a una propuesta de ley que busca impedir los matrimonios entre ciudadanos franceses y inmigrantes ilegales. Esta medida, aprobada el jueves, no distingue entre matrimonios de conveniencia y aquellos basados en relaciones genuinas. La votación recibió el apoyo de la mayoría de los partidos, excepto los de izquierda, incluyendo a los del gobierno, ha informado ARA.
Aunque se espera que la Asamblea Nacional también apruebe el texto, expertos legales citados por la prensa francesa cuestionan su constitucionalidad. Los socialistas han anunciado que, de ser aprobada la ley, la llevarán ante el Consejo Constitucional. Según la jurisprudencia de este organismo, el matrimonio es una «libertad fundamental» protegida por la Constitución. En una decisión de 2003, el Consejo se opuso a que la situación irregular de un extranjero impidiera la celebración de un matrimonio.
La senadora ecologista Mélanie Vogel ha calificado la ley como «un ataque masivo contra la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el estado de derecho». En defensa de la propuesta, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha argumentado que «volver a plantear la misma cuestión al juez constitucional después de 20 años no es insolente ni kamikaze, sino un reconocimiento de la evolución social».
Prohibición de un matrimonio
El mismo día de la aprobación en el Senado, el alcalde de Béziers, Robert Ménard, cercano a la extrema derecha, fue citado ante la justicia por negarse en 2023 a casar a una pareja compuesta por una mujer francesa y un inmigrante ilegal argelino, que además tenía una orden de expulsión de Francia. Ménard alegó que se trataba de un matrimonio de conveniencia.
En Francia, un alcalde no tiene autoridad para prohibir un matrimonio. Si sospecha de un matrimonio de conveniencia, debe informar a la fiscalía, que evaluará el caso y decidirá si permite o no la boda. Ménard no siguió este procedimiento y ahora se enfrenta a una posible condena de hasta cinco años de prisión.
La mujer afectada ha declarado públicamente que no se trataba de un matrimonio de conveniencia y ha acusado a Ménard de «haber destrozado su vida». El inmigrante argelino de 23 años fue expulsado de Francia poco después del intento fallido de boda. Según el testimonio de la mujer, la pareja llevaba dos años viviendo junta y su hija, de una relación anterior, consideraba al hombre como su padre. «No era un matrimonio de conveniencia y no soporto esa acusación», afirmó la mujer en una entrevista con BFMTV. «Vivíamos juntos, mi hija le conocía desde pequeña y le llamaba papá», añadió para denunciar su situación.
