La tarde del pasado sábado, una joven de 21 años sufrió una brutal agresión sexual en un camino de tierra próximo al Centro de Acogida y Emergencia de Alcalá de Henares (CAED). Este grave incidente ha reavivado las tensiones y críticas que rodean al centro desde su apertura, hace más de un año y medio, en el cuartel militar de la Brigada Paracaidista ‘Primo de Rivera’.
El CAED, inaugurado en noviembre de 2023 por orden del Ministerio de Migraciones, acogió inicialmente a 264 inmigrantes procedentes de Canarias, con una capacidad prevista de 1.134 plazas. Sin embargo, el Ayuntamiento denuncia que actualmente alberga a unos 1.700 inmigrantes, muchos durmiendo en carpas por el sobrecupo, lo que agrava las condiciones y tensiones en la zona.
Desde su apertura, el centro ha estado vinculado a múltiples incidentes, incluyendo reyertas, un motín y un fallecimiento. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha recordado estos hechos, insistiendo en su petición de cierre desde el primer día: «Se nos dijo que sería temporal, con 1.100 plazas, y ya han pasado más de 10.000 inmigrantes».
Piquet ha denunciado la falta de transparencia, asegurando que no reciben información sobre lo que ocurre en el CAED. «Ha habido peleas, un fallecido, un motín… Es mi obligación alertar de todo lo que pasa en mi ciudad», afirmó este lunes tras conocerse la agresión del sábado, reclamando respuestas al Gobierno nacional, gestor del centro.
Los problemas comenzaron apenas dos meses después de su apertura. En enero de 2024, una reyerta en el Parque de la Tirolina entre grupos de inmigrantes marroquíes y subsaharianos del CAED dejó seis heridos y tres detenidos. Este incidente marcó el inicio de una serie de polémicas que no han cesado desde entonces.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha criticado la situación en el centro. Durante una reunión del Consejo de Gobierno, señaló que se han registrado «reyertas graves», brotes de «sarna» y agresiones a mujeres vinculadas al CAED. «Se producen peleas dentro y fuera del centro», denunció con firmeza.
Además, Ayuso destacó la ausencia de un servicio médico propio en el CAED, subrayando que fue la región quien detectó y trató un brote de sarna en ocho inmigrantes. Esta falta de recursos sanitarios ha sido otro punto de controversia en la gestión del centro, sumando críticas a su funcionamiento y seguridad.
En octubre de 2024, un joven maliense de 21 años, hospedado en el CAED desde hacía un mes, falleció tras quejarse de dolores en el pecho y la pierna. Aunque se barajó una posible embolia pulmonar, la causa no se aclaró. La falta de explicaciones ha generado más malestar entre las autoridades locales y los vecinos.
La alcaldesa Piquet lamentó la opacidad tras este fallecimiento: «Sabemos que murió un interno, pero no nos han explicado los motivos. Hubo una huelga de hambre y un motín por las condiciones, y no hemos tenido respuesta del delegado del Gobierno», aseguró en declaraciones a Telemadrid, exigiendo claridad.
Ante estos hechos, el medio El Español intentó contactar con la Delegación del Gobierno en Madrid para obtener su versión, pero no se recibió respuesta. La falta de comunicación oficial sigue alimentando las dudas sobre la gestión del CAED y su impacto en la seguridad de Alcalá de Henares y sus ciudadanos.
El último episodio, la agresión sexual del sábado, ocurrió sobre las 19:00 horas cerca del cuartel. Cámaras de videovigilancia captaron a un individuo de raza negra abalanzándose sobre la joven, golpeándola y violándola vaginal y analmente. Tras el ataque, el agresor huyó y la víctima pidió ayuda a un transeúnte que alertó a la Policía.
Actualmente, la investigación sigue abierta para identificar al autor de la agresión sexual, de quien se desconoce si pertenece al CAED. Este suceso ha intensificado las demandas de cierre del centro por parte de las autoridades locales, que consideran que su presencia pone en riesgo la seguridad de la localidad.
