El Gobierno de Sánchez, a través de la empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), ha sacado a concurso un contrato para suministrar comida en el Centro de Acogida de Emergencia de Alcalá de Henares (CAED), foco de tensión tras la violación de una joven española de 21 años ocurrida este pasado sábado junto al muro del cuartel Primo de Rivera, donde se ubica el centro de inmigrantes (CAED).
El expediente, publicado hoy 1 de julio, recoge un presupuesto base de 10,8 millones de euros, sin impuestos, con un valor estimado del contrato de 18.4 millones de euros para abastecer de menús a los inmigrantes residentes entre septiembre de 2025 y junio de 2026. El lugar de prestación será la Plaza José de Cadalso, s/n, Alcalá de Henares, donde se encuentra el CAED gestionado por el Ministerio de Migraciones.
Mientras tanto, la Policía Nacional continúa investigando la violación sufrida por la joven española. La víctima fue violada vaginal y analmente por un varón de raza negra captado por cámaras de seguridad. El atacante, aún sin identificar, huyó tras la agresión, dejando a la joven herida tras un forcejeo donde logró defenderse arañando y mordiendo al agresor.
Fuentes policiales confirmaron que las grabaciones de videovigilancia son clave para identificar al responsable. No se descarta que el autor de la agresión esté vinculado al CAED, que en la actualidad alberga a cerca de 2.000 inmigrantes, cifra que supera la capacidad inicialmente prevista de algo más de mil plazas, según denuncian autoridades locales.
La alcaldesa Judith Piquet ha reiterado su petición de cierre del CAED tras esta agresión sexual. «Se nos dijo que sería temporal, con 1.100 plazas, y ya han pasado más de 10.000 inmigrantes», recordó. Además, ha insistido en la falta de transparencia y en la inseguridad generada desde la apertura del centro hace un año y medio.
La Comunidad de Madrid, por medio de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, también ha criticado el funcionamiento del CAED, denunciando «reyertas graves», un brote de sarna y agresiones a mujeres. Según Ayuso, la región ha asumido gastos médicos que deberían corresponder al Estado, ante la ausencia de un servicio sanitario interno.
El contrato licitado por TRAGSA obliga a las empresas a acreditar solvencia económica superior a 12,9 millones de euros en tres años y experiencia en servicios de alimentación. Además, se establecen criterios medioambientales y sociales, como la retirada de envases para reciclaje y reducción del desperdicio alimentario.
La apertura de ofertas económicas se celebrará el próximo 18 de julio de forma telemática. Las compañías interesadas deberán presentar su propuesta antes del 15 de julio. La adjudicación, bajo procedimiento abierto, se decidirá principalmente por el precio ofertado, con un 85% de peso en la valoración final.
Vecinos y autoridades locales siguen pidiendo explicaciones sobre la gestión del centro, la seguridad en la zona y la relación entre el agresor y los residentes. Mientras tanto, la prioridad policial es localizar y detener al autor de la brutal violación, que ha conmocionado a la ciudad de Alcalá de Henares.
