Uno de los colombianos que entró en prisión preventiva por su presunta implicación en una violenta reyerta en la Plaza de Barcelos, Pontevedra, protagonizó un peligroso incidente en el centro penitenciario de A Lama. Según el sindicato Acaip-UGT, el recluso incendió su celda, poniendo en riesgo su propia vida, la de otros internos y la de los funcionarios de servicio. Este acto generó una situación de extrema gravedad en la instalación, según ha informado el Diario de Pontevedra.
El suceso tuvo lugar el pasado sábado, cuando este preso, considerado de alta peligrosidad por estar investigado por lesiones graves y tentativa de homicidio tras asestar cuchilladas a tres magrebíes en el altercado de Pontevedra, prendió fuego a su ropa y a un colchón. Esto provocó una «densa humareda tóxica», obligando a los funcionarios a desalojar la galería para proteger a todos los ocupantes, según relató el sindicato.
Además, el centro de A Lama ha registrado otros episodios violentos recientemente. El 28 de mayo, un funcionario sufrió un intento de homicidio por parte de un interno. Días después, el 1 de julio, otro recluso con antecedentes psiquiátricos y partes disciplinarios agredió a un educador con un puñetazo en el pómulo, causándole traumatismo y lesión cervical en un módulo de régimen cerrado.
El mismo interno, tras ser trasladado al departamento de aislamiento y parecer calmado, volvió a agredir a un funcionario durante un registro reglamentario. Sin mediar palabra, le propinó un puñetazo en la cara, evidenciando un patrón de violencia, según denunció Acaip-UGT.
El sindicato también alerta sobre la falta de médicos y psiquiatras, lo que afecta la atención sanitaria de reclusos con problemas mentales. «La escasez de personal especializado provoca alteraciones del orden y merma la seguridad», advierten. Aproximadamente un 40% de los internos presentan patologías psíquicas, y la ausencia de centros penitenciarios psiquiátricos agrava la situación.
Por último, Acaip-UGT reclama el reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad para endurecer las penas por agresiones y reforzar la prevención. La ubicación de internos con trastornos mentales en centros ordinarios incrementa el riesgo para trabajadores y reclusos, subrayan, exigiendo soluciones urgentes para garantizar la seguridad.
