Por Redacción

En la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma se celebró este miércoles el juicio contra un pederasta de 52 años de origen ecuatoriano acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. El tribunal lo condenó a dos años de prisión y a indemnizar a la víctima, una niña de 13 años que tenía ocho años en el momento de la agresión, con 20.000 euros por los daños sufridos en Ibiza, según ha informado Crónicabalear.

Los hechos, según el escrito de la Fiscalía, se remontan a una fecha indeterminada hasta el 12 de julio de 2020, cuando se interpuso la denuncia. En ese momento, la menor tenía apenas ocho años al inicio de los abusos. Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de cinco años y seis meses de cárcel para el encausado por la gravedad de los actos cometidos.

El acusado, exmarido de la abuela de la niña, mantenía una relación de confianza con la familia a pesar del divorcio. Visitaba la vivienda de la menor en Ibiza una o dos veces por semana y, aprovechando esta cercanía, se encerraba a solas con la pequeña en su habitación, simulando jugar con ella tras cerrar la puerta.

Durante estos encuentros, cuando se aseguraba de que nadie podía interrumpirlos, realizaba tocamientos a la menor por encima del pantalón y la besaba en la boca, guiando su mano hacia sus genitales. Además, la manipulaba con juegos y regalos para evitar que contara lo sucedido, advirtiéndole que iría a prisión si hablaba.

La situación salió a la luz cuando la madre de la niña lo descubrió en una de estas ocasiones y denunció los hechos. Tras el juicio, el pederasta fue sentenciado a dos años de prisión, aunque no ingresará en ella por a la suspensión concedida por la Sala, condicionada a no delinquir en cinco años y a realizar un programa de educación sexual.

Finalmente, se le impuso una orden de alejamiento de 200 metros respecto a la víctima durante diez años. Asimismo, la indemnización de 20.000 euros por los daños causados ya ha sido consignada al juzgado, que la entregará a los representantes legales de la menor para su resarcimiento.