El conflicto entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Aragón ha escalado este martes tras la decisión del Consejo de Ministros de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. La causa es la negativa de la comunidad aragonesa a participar en la acogida de menores inmigrantes no acompañados (MENAs), siendo la única región que no ha facilitado los datos solicitados por el Ministerio de Juventud e Infancia sobre los menas en su sistema de protección.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció la medida. «El Gobierno de Aragón se niega a acatar la normativa y a cooperar en la acogida de niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados», afirmó Alegría. Además, subrayó que el Real Decreto-Ley que regula este reparto, aprobado el 18 de marzo, es de cumplimiento obligatorio en todo el país.

El plazo para entregar la información venció el 31 de marzo. Aunque algunas comunidades, como Madrid, enviaron datos de manera incompleta, Aragón se ha desentendido por completo del proceso. La ministra señaló que el Ejecutivo central reiteró la solicitud de información el 6 de mayo, concediendo un nuevo periodo para que las regiones colaboren en este esfuerzo solidario de reparto.

Desde Zaragoza, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, defendió la postura del Ejecutivo liderado por Jorge Azcón. Reafirmó la negativa a remitir los datos exigidos y recordó que la región ya ha recurrido el Real Decreto ante el Tribunal Constitucional, alegando que vulnera el principio de igualdad entre territorios.

Vaquero criticó duramente al Gobierno central, acusándolo de actuar en contra de la legalidad. «Nos protegemos del Gobierno de Pedro Sánchez, que incumple la ley y beneficia a ciertas comunidades por motivos políticos», aseguró. También señaló a formaciones como Junts por influir en decisiones migratorias y calificó a Carles Puigdemont como «un fugitivo de la justicia».

La vicepresidenta insistió en que Aragón actuará dentro del marco legal y respetará las decisiones judiciales que surjan de este enfrentamiento. «Acatamos lo que determine la Justicia, pero defenderemos los intereses de los aragoneses», afirmó, reiterando que consideran que su comunidad recibe un trato desigual frente a otras regiones.

Este enfrentamiento administrativo ocurre en un momento de creciente presión migratoria, especialmente en Canarias, donde la capacidad de acogida está desbordada. El Gobierno central promueve el reparto de MENAs como una «acción de solidaridad y responsabilidad compartida» para apoyar a las zonas más afectadas.

El desenlace de esta disputa política y jurídica queda ahora en manos del Tribunal Constitucional. Este órgano deberá resolver si el Real Decreto infringe las competencias autonómicas, como argumenta Aragón, o si prima el principio de solidaridad territorial y la protección del interés superior de los MENAs, según defiende el Ejecutivo nacional.