Los hijos de un magrebí condenado por decapitar a su mujer en Tarancón, Cuenca, exigen al Estado español 1,2 millones de euros como indemnización. Alegan negligencia en la protección de su madre, quien estaba registrada en el sistema VioGén con riesgo extremo. El asesino incluso anunció el crimen en redes sociales antes de cometerlo, pero no se tomaron medidas preventivas suficientes.
El abogado de las víctimas, Alberto Martín, de Abogados Madrid 3.000, insiste en la responsabilidad del Estado. «No hubo ningún cuidado y por eso reclamamos una indemnización» afirmó. Subraya que la mujer no recibió protección adecuada pese al riesgo evidente. El padre apuñaló 34 veces a su madre y la decapitó frente a sus hijos, un acto de extrema violencia.
La familia valora positivamente la sentencia que condena al asesino a casi 27 años de prisión, pero critica la inacción previa del Estado. «Ella denunció y luego retiró la denuncia. Estaba en VioGén. Era un caso claro, pero él quedó libre y ella sin protección» denunció el letrado. Insisten en que se pudo evitar esta tragedia con medidas adecuadas.
El fallo de la Audiencia Provincial de Cuenca impuso 26 años y nueve meses de cárcel por el asesinato en Tarancón. Además, se le suman tres años más por lesiones psicológicas a sus tres hijos, testigos del crimen.
Detalles del crimen revelan una brutalidad extrema. El condenado asestó 34 cuchilladas y decapitó a la víctima, quien no pudo defenderse. Expertos confirmaron que no padecía trastornos mentales, aunque se le aplicó una leve atenuante por reconocer los hechos.
La condena incluye 23 años y nueve meses por asesinato y un año adicional por cada hijo por las lesiones psicológicas sufridas. También se ordena su expulsión de España tras cumplir la pena, medida que podría adelantarse si obtiene el tercer grado o libertad condicional.
Además, el tribunal dictó que indemnice a cada hijo con 331.500 euros y asuma las costas del proceso. El total, incluyendo a otros familiares, asciende a 1,2 millones de euros. Sin embargo, el asesino no pagará tras haberse declarado insolvente. Por eso, sus hijos reclaman ahora esta compensación al Estado, considerándolo responsable al Estado del asesinato.
