Durante el verano, muchas casas quedan vacías por las vacaciones, una oportunidad que aprovechan los okupas para entrar y asentarse. En el caso de Pilar, una mujer española que llegó a su adosado en la playa de La Goleta, en Tavernes de la Valldigna (Valencia) y descubrió que no podía acceder, enfrentándose a una pesadilla que arruinó sus planes.
Pilar sufrió dos intentos de intrusión, y aunque el primero fue frustrado gracias a la alerta vecinal, el segundo fue efectivo. Los okupas, un grupo de magrebíes que incluyen menores y un adulto, lograron quedarse pese a los esfuerzos por evitarlo. Ella denunció la situación a «El Debate», lamentando la inacción que la dejó sin vacaciones.
«Mi casa de vacaciones está okupada por un grupo de magrebíes a los que no puedo echar», relata Pilar con frustración. Una vecina la alertó de que «siete u ocho jóvenes», aparentemente menores, y un adulto merodeaban su jardín sin hacer caso a las advertencias. La situación se agravó cuando, al llegar con la Guardia Civil, encontró una ventana rota, colillas de porros y botellas de alcohol.
Dentro de la vivienda, Pilar comprobó que los intrusos ya habían preparado varias cerraduras y cambiado un bombín. Aunque pudo fotografiar los daños, la pesadilla continuó. Los vecinos volvieron a sorprender al grupo dentro de su casa y avisaron a la Policía, pero tras hablar con ellos, los agentes se marcharon y los okupas volvieron a entrar a la fuerza rompiendo una ventana.
El desalojo inmediato fue imposible esta segunda vez. Según Pilar, los okupas aseguraron a la Policía llevar tres meses viviendo allí, algo que ella niega rotundamente: «Es imposible, nosotros estuvimos en San Juan y mi hija pasó una noche hace poco». Sus vecinos también confirman que no llevan tanto tiempo, ya que la familia frecuenta el adosado y hubo una denuncia previa por robo.
La respuesta policial fue desalentadora: «No hay nada que hacer». Pilar pierde esperanza ante la lentitud judicial: «Dicen que llevan tres meses cuando es mentira, pero con lo lenta que es la Justicia, pronto será verdad». Además, critica que los menores tengan protección especial: «Me dicen que tienen derechos, ¿y los míos?», se pregunta con indignación.
Al principio, los okupas mantenían las persianas bajadas, pero tras la marcha de la Policía, ya no se esconden. Según Pilar, ahora ponen música a todo volumen y hasta organizaron una fiesta con unas quince personas, incluidas niñas jóvenes, en su propia casa. Ella, sin embargo, ni siquiera puede acercarse a su propiedad.
Mientras los okupas disfrutan, Pilar no puede pisar su adosado ni obtener ingresos por él. «Esta casa es nuestra desde hace 20 años, estuvo en subasta, pero deberíamos estar de vacaciones allí», lamenta. En cambio, se queda en Valencia sin poder acceder a su hogar frente a la playa, atrapada en una situación que parece no tener solución rápida.
Finalmente, Pilar expresa su impotencia ante la falta de apoyo: «Me han dicho que no les llame más, que no pueden hacer nada. No sabía que esto era así. Los propietarios también tenemos derechos». Ahora, sin desalojo inmediato, solo le queda la vía judicial, un proceso lento que prolonga su sufrimiento mientras espera recuperar su casa.
