Un mena marroquí ha sido condenado a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado por la violación de una menor en un oscuro callejón de Lugo. El acusado había llegado a España de forma ilegal, escondido en los bajos de un camión, y en el momento de los hechos estaba bajo la tutela de la Xunta de Galicia en un centro de protección para Menores Extranjeros No Acompañados (Mena).
La noche del 15 de agosto de 2023, alrededor de las dos y media de la madrugada, la víctima y una amiga pasaban el rato bebiendo en la terraza de un bar en el norte de la ciudad. Fue entonces cuando el acusado, acompañado por otro joven ya mayor de edad, se acercó a ellas. Les pidieron que se fueran a un lugar más privado para charlar, y las adolescentes, confiadas, accedieron.
El grupo se dirigió hacia un parque cercano a una guardería. Durante el trayecto, el agresor de 17 años y una de las menores de la misma edad se separaron del grupo y se detuvieron en un callejón. Según lo determinado por el tribunal, «guiado por el ánimo de satisfacer su deseo sexual», el mena le quitó la ropa interior a la chica y la violó, ignorando sus gritos de auxilio.
La víctima fue atendida en el Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula), donde el examen forense reveló erosiones en sus rodillas y múltiples arañazos en los muslos y piernas. También se le realizó un análisis de sangre que confirmó la presencia de alcohol en su cuerpo, lo cual había afectado sus capacidades psicofísicas en el momento de la agresión.
El Juzgado de Menores dictaminó una pena de tres años y medio de internamiento en régimen cerrado, dos años de libertad vigilada y la obligación de participar en programas de educación sexual e igualdad. Además, se estableció una indemnización de 20.249 euros que deberá ser pagada tanto por el agresor como por la Xunta de Galicia.
La defensa del acusado ha recurrido la sentencia, argumentando que la indemnización es excesiva y que la Xunta no debería ser responsable civil por tratarse de un inmigrante ilegal. Sin embargo, la Audiencia Provincial ratificó la condena y la responsabilidad civil, subrayando que la irregularidad del inmigrante no exime a la administración de cumplir con su deber de protección y vigilancia.
El acusado, supuestamente, está mostrando una actitud respetuosa, y se encuentra estudiando la ESO y participa en talleres formativos prelaborales, lo cual sugiere un intento de reintegración personal y social.
