El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha autorizado un fondo de 100 millones de euros destinado a sufragar los gastos ocasionados por el traslado de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas. Esta medida, aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2025 del 18 de marzo, busca proteger «el interés superior de la infancia» frente a lo que el Ejecutivo describe como «contingencias migratorias excepcionales».

Dicho presupuesto se empleará para paliar los costes derivados de la «sobreocupación» en los centros de acogida y los desplazamientos de estos menores entre diferentes regiones del país. Sin embargo, el propio Gobierno admite que, por el momento, no dispone de datos precisos sobre el número, la edad ni la procedencia exacta de los menas que serán redistribuidos a lo largo del territorio nacional.

Según información facilitada por el Ejecutivo en respuesta a VOX, desde el 1 de julio de 2018 hasta el 28 de febrero de 2025, han ingresado en España un total de 27.891 menores inmigrantes no acompañados. De esta cifra, 15.730 permanecen registrados actualmente. No obstante, se reconoce que no existe un control exhaustivo sobre cuántos han alcanzado la mayoría de edad, lo que implica una ausencia de seguimiento efectivo de su situación.

En cuanto a la distribución de estos menas, el Gobierno no ha especificado con claridad cómo se llevará a cabo el proceso. Se limitan a indicar que se aplicarán criterios automáticos establecidos por ellos mismos si no se logra un consenso en la Conferencia Sectorial de Infancia. Entre dichos criterios se incluyen la población de cada autonomía, la renta per cápita, el índice de desempleo, la dispersión demográfica, las plazas de acogida disponibles y la insularidad, con ajustes específicos para regiones como Melilla o Baleares.

A pesar de la significativa inversión de fondos públicos para este reparto, el Ejecutivo no ha proporcionado detalles sobre la capacidad de acogida actual en cada comunidad autónoma. Solo ha señalado que la «capacidad ordinaria» se determina según la población regional y las plazas registradas, mientras que la «capacidad extraordinaria» se activa cuando la ocupación se triplica.