Un matrimonio argelino vivió una noche de terror el 28 de septiembre del año pasado en su casa de la plaza Doctor Gómez Ulla, en Alicante. Un grupo de encapuchados, presuntamente vinculado a bandas argelinas, irrumpió violentamente tras gritar «¡Policía!, ¡Policía!», portando pistolas y exigiendo dinero. Durante cerca de ocho horas, los inmovilizaron, torturaron y amenazaron con mutilaciones y extorsión para obtener dinero.
La Audiencia de Alicante ha juzgado este martes a dos de los presuntos autores del asalto, en el que participaron al menos seis personas. Los acusados enfrentan cargos de robo con violencia, detención ilegal y lesiones, por los que la Fiscalía solicita penas de hasta trece años y siete meses de prisión.
La víctima explicó que lo separaron de su esposa, lo maniataron con cinta adhesiva y lo golpearon mientras lo rociaban con agua, asegurándole que era gasolina. También lo amenazaron con cortarle los genitales con tijeras de podar. Su esposa fue encapuchada, grabada y fotografiada desnuda bajo la amenaza de difundir las imágenes en TikTok si acudían a la policía.
Los asaltantes llegaron a bloquear las ventanas con colchones para evitar ser vistos desde el exterior. Durante el tiempo que permanecieron en la vivienda, incluso se tomaron el tiempo de comer y prepararse café. Finalmente, huyeron con tres teléfonos móviles, joyas y 700 euros en efectivo.
Las pruebas encontradas en la vivienda, como huellas y ADN, vinculan a los acusados con el crimen. Sin embargo, mientras una de las víctimas identificó a uno de los sospechosos, tuvo dudas sobre el segundo. Las defensas señalaron contradicciones en los testimonios y alegaron irregularidades en el reconocimiento fotográfico de los sospechosos.
Según la Policía Nacional, el secuestro forma parte de una serie de enfrentamientos violentos entre bandas de origen argelino por el control de actividades delictivas en la zona norte de Alicante. Las investigaciones han sacado a la luz una ola de tiroteos, secuestros y agresiones relacionadas con estos grupos.
Tras su liberación, las víctimas acudieron a la Comisaría acompañadas por un amigo que sirvió de traductor. Según los agentes, las pruebas y testimonios recabados corroboran los hechos denunciados. Aunque las víctimas presentaron sus primeras declaraciones sin intérprete oficial, posteriormente ampliaron su relato con la asistencia necesaria y siguiendo los protocolos establecidos.
La Fiscalía insiste en que los acusados, que permanecen en prisión preventiva, sigan bajo custodia por el riesgo de fuga. Mientras, las defensas argumentan la falta de pruebas concluyentes y piden la absolución de sus clientes.
