El Ministerio Público sostiene que los implicados, únicos con capacidad de ingreso a la cámara acorazada de alta protección, manejaban exclusivamente el registro cotidiano de la Hoja de Caja. Entre el inicio de 2004 y abril de 2009, actuando con intención de lucro indebido, extrajeron 7.808.986,22 euros de la Caja Municipal del Ayuntamiento de San Fernando, alterando documentos y distorsionando los balances oficiales del ayuntamiento.
El trabajador señalado evitó tomarse descansos prolongados durante cinco años, limitando sus ausencias a apenas siete jornadas no consecutivas, con el propósito de mantener dominio absoluto sobre los fondos. La Fiscalía resalta esta conducta inusual, opuesta a sus hábitos previos al comienzo del esquema fraudulento, como medida para impedir detección de anomalías.
Las extracciones se ocultaban bajo pretextos de subsidios inmediatos, cobros por interrupción vial o remoción de automóviles mediante grúa pública. Los montos recibidos se conservaban intencionadamente en efectivo, evitando circuitos bancarios, lo que posibilitaba manipularlos sin supervisión externa ni trazabilidad alguna.
Marruecos no ha colaborado
La indagación también señala a un núcleo familiar de raíces marroquíes asentado en San Fernando y zonas aledañas, vinculado personal y comercialmente al acusado principal. Esta agrupación, identificada como pilar del esquema, habría facilitado el traslado y lavado de parte de los recursos fuera del territorio español.
Marruecos ha mostrado nula disposición a cooperar, ignorando las solicitudes judiciales enviadas por España destinadas a interrogar a integrantes de dicha familia. Esta ausencia de respaldo internacional ha frenado una línea crucial de la pesquisa, enfocada en rastrear el paradero final de los capitales sustraídos.
El bloqueo de estas gestiones transfronterizas ha contribuido a demoras significativas en el proceso. Por ello, la Fiscalía admite una circunstancia atenuante por retrasos injustificados. Tras más de 16 años de instrucción, durante 2023 se interpuso un recurso en la Audiencia Provincial para reactivar el caso y prevenir su vencimiento.
Asimismo, se exige que los acusados compensen solidariamente al consistorio de San Fernando por el monto total defraudado, sumado a los intereses correspondientes. Hasta ahora, ningún fragmento de los fondos desviados entre 2004 y 2009 ha sido restituido a las arcas públicas.
