Desde hace más de un año, los habitantes del Coll d’en Rabassa, en Palma de Mallorca, viven en un estado de tensión constante. La barriada, antes tranquila, se ha transformado en un lugar donde la inseguridad se ha vuelto palpable. Los vecinos aseguran que esta situación se debe a la llegada de personas de nacionalidad argelina en pateras, quienes se instalan de manera irregular en viviendas desocupadas.
El pasado jueves, a las tres de la tarde, un incidente estremeció a la comunidad. Una mujer, al salir de su hogar con destino al supermercado, fue víctima de una brutal agresión. Dos hombres la atacaron por la espalda, la derribaron al suelo y, tras insultarla, le propinaron una patada en la cabeza. El objetivo del asalto fue robarle el dinero de su pensión, que llevaba en efectivo. Los agresores huyeron rápidamente en patinete.
La víctima, con la voz quebrada por la emoción, relató su experiencia: «Fui al Mercadona porque a esa hora no hay mucha gente. Al girar la esquina, recibí un golpe por la espalda, me tiraron al suelo y me quitaron el dinero. Me golpearon en la cabeza, me cortaron y me dijeron 'cállate, puta'. ¿Ya ni siquiera se puede salir a comprar a una hora decente?».
La crisis de inseguridad no se limita al Coll d’en Rabassa. Zonas cercanas como Can Pastilla y el Arenal también han sido afectadas. En estas áreas costeras de Palma, los residentes denuncian la presencia de grupos organizados que perpetran robos violentos y ocupan viviendas de manera ilegal.
Los hurtos, el robo de vehículos y las agresiones físicas se han convertido en una rutina diaria. Los vecinos expresan su frustración: «Ya no se esconden. Actúan a cara descubierta, sin ningún tipo de miedo». Una vecina del Coll d’en Rabassa resume la situación: «Cada vez hay más violencia. El pueblo empieza a tener miedo. Roban coches, pegan palizas, quitan pensiones. No estamos tranquilos. Si no hacemos algo, esto no va a parar. Es insoportable».
Los residentes critican la falta de acción por parte del Govern. Muchos de los presuntos delincuentes acumulan entre 30 y 40 denuncias. Si son mayores de edad, los procesos judiciales se alargan sin consecuencias reales. Si son menores, son liberados en pocas horas, incluso en casos de reincidencia. «No se puede permitir que tengan 36, 37, 46 denuncias y no les pase nada», protestan los vecinos.
Los residentes insisten en que no se trata de un problema contra la inmigración en general. En el Coll d’en Rabassa y otros barrios de la costa de Palma conviven personas de diversas nacionalidades que se han integrado perfectamente en la vida local. Sin embargo, la creciente inseguridad ha generado una crisis vecinal que exige soluciones urgentes: más presencia policial, la aplicación efectiva de las leyes, el desalojo de viviendas okupadas y un sistema judicial que garantice que los agresores respondan ante la justicia. Desde el Arenal hasta Can Pastilla y el Coll d’en Rabassa, los vecinos reclaman algo fundamental: recuperar su derecho a vivir sin miedo. «Estamos desamparados», concluyen.
